Con 43 votos positivos, 26 negativos y cero abstenciones, el Gobierno consiguió la aprobación del Régimen de Principio de Inocencia Fiscal, que busca incentivar que los argentinos “saquen los pesos y dólares de abajo del colchón” y los inyecten en la economía. La senadora Beatriz Ávila votó a favor del proyecto, mientras que Sandra Mendoza y Juan Manzur lo hicieron en contra.
La finalidad del proyecto es reducir la presión penal y administrativa sobre contribuyentes considerados de “buena fe” y concentrar los controles en maniobras graves y dolosas. Uno de los ejes centrales es el principio de Inocencia Fiscal. La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario.
En la práctica, esto implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya no podrá denunciar automáticamente ante la Justicia penal en todos los casos, especialmente cuando las diferencias surjan de criterios interpretativos, cuestiones técnico-contables o presunciones legales sin otros elementos de prueba. En esa línea, el proyecto actualiza los montos a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal. El umbral para la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada se eleva de $15 millones a $1000 millones.
El Senado aprobó el proyecto de ley de inocencia fiscalOtra clave es la posibilidad de extinguir la acción penal. Si una causa ya fue iniciada, el contribuyente podrá cerrarla pagando la totalidad de la deuda más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días. Este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa. Además, el proyecto establece que si prescriben las facultades del Estado para determinar o exigir un tributo, también se extingue la persecución penal asociada.
Ganancias
La iniciativa también apunta a acotar los plazos de revisión y reclamo del fisco. Se propone un esquema de prescripción de tres, cinco o 10 años, según el nivel de cumplimiento del contribuyente. Para quienes cumplan regularmente, el plazo general se reduce de cinco a tres años. En el caso de no inscriptos, se mantiene en 10.
¿Qué propone el principio de inocencia fiscal?Otro capítulo relevante es el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, al que pueden adherir personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y no sobre la evolución patrimonial, y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador en base a la información disponible. Quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo errores graves.